Ciudadanos y miembros de la izquierda consideran “excesivas” las medidas impulsadas por el Gobierno/Aumentan las manifestaciones contra esta política
Carla Sarabia/París. El rumbo “inflexible” de la política de seguridad del gobierno francés está provocando diversas reacciones. Por un lado, se están organizando manifestaciones de protesta por todo el país. La última, bajo el lema ‘no a la política inhumana de Sarkozy’, que ha tenido lugar este fin de semana, congregó a más de 77.000 personas, según los datos publicados por el ministerio del Interior. Por otro lado, aunque todavía continúa debilitada, la popularidad de Sarkozy en los sondeos se ha recuperado. Después de un año de caída libre en las encuestas -por culpa de los escándalos políticos-, el pasado mes de agosto, las opiniones favorables para el jefe de Estado aumentaron en cuatro puntos, hasta el 30%.
El ministro del Interior, Brice Hortefeux, califica de “débiles” las últimas protestas: “A pesar de que estaban organizadas por unas sesenta organizaciones, colectivos, sindicatos y partidos políticos en nombre de la ‘defensa de los derechos del Hombre’, las manifestaciones no han congregado a demasiadas personas”.
La política de repatriación de gitanos rumanos y búlgaros –objetivo de las críticas internacionales- , intensificada durante el verano, y el endurecimiento de las penas contra los delincuentes –pérdida de la nacionalidad-, está, por tanto, dividiendo al país y a las propias autoridades. Para algunos miembros del Gobierno –sobre todo de la izquierda-, como la secretaria de Estado de Política, Fadela Amara, de origen argelino, “las sanciones no deben endurecerse, y deben permanecer como hasta ahora”: pérdida de la nacionalidad en caso de condena por “terrorismo” o “atentado contra la seguridad del Estado”.
En la misma línea, el socialista Bertrand Delanoë, alcalde de París considera que “hay que luchar contra todo aquello que divide a la sociedad”.
La semana pasada el Gobierno francés insistió en que la política de repatriación de romaníes “respeta escrupulosamente el derecho europeo”.
Desde finales de julio unos mil gitanos rumanos y búlgaros han sido reconducidos a la frontera y se ha desmantelado un centenar de campamentos ilícitos. 15.000 gitanos que viven en Francia, beneficiados por la libre circulación de la UE, viven en condiciones infrahumanas. Después de tres meses en Francia, si continúan sin domicilio y sin ingresos, son ilegales y por tanto, susceptibles de ser expulsados.
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