Polígamos y agresores de policías perderán la nacionalidad francesa

Sarkozy se mantendrá “inflexible” en su política de inmigración. El proyecto de ley se presentará en la Asamblea nacional el próximo 27 de septiembre

Carla Sarabia/París.- “Una política de seguridad es indispensable. Es la libertad de cada uno lo que está en juego. En nuestro país, como en el resto, lo más fácil y democrático es hacer respetar y aplicar la ley”. Bernard Debré, diputado francés de la mayoría parlamentaria describe de esta manera la situación actual, ante el polémico proyecto de ley sobre la seguridad impulsado por Sarkozy, uno de los principales temas que ocupan el escenario de la nueva temporada política en Francia.

Los objetivos del gobierno son el de endurecer las penas y el desnaturalizar a las personas que practiquen la poligamia dentro del territorio francés, así como a aquellos delincuentes que agredan a policías y gendarmes o a cualquier otro miembro de la autoridad pública. Recientemente, el jefe de Estado reafirmó su “voluntad inflexible de mantener el rumbo” de la política de inmigración.

Para esta tarea, el ministro del Interior, Brice Hortefeux, el de Inmigración, Éric Besson, y la titular de Justicia, Michèle Alliot-Marie, son los encargados de estudiar, junto con el primer ministro, François Fillon, las diferentes propuestas sobre el proyecto de ley que será presentado en la Asamblea nacional el próximo 27 de septiembre, y que respetará según aseguró Fillon, “la jurisprudencia del Consejo constitucional, que estipula que la perdida de la nacionalidad solo puede aplicarse en casos de crímenes graves”.

Los puntos divergentes entre los miembros del gobierno aparecen a la hora de establecer las disposiciones concretas del proyecto de ley. El titular francés de Inmigración estima que “el asesinato de un magistrado, un prefecto, un policía o de un gendarme debe ser condenado como un acto terrorista”. Por otra parte, el ministro del Interior considera que hay que sancionar a los extranjeros naturalizados desde hace menos de diez años y que han sido condenados “a una pena de, al menos, cinco años de prisión” por “crimen o delito” contra “miembros de la autoridad pública u otros profesionales como bomberos, porteros de edificios, miembros de la enseñanza…” Hortefeux solicita que el castigo se aplique igualmente, a aquellos extranjeros de nacionalidad francesa, que practican la “poligamia” y el cobro fraudulento de prestaciones sociales –como ocurrió recientemente con caso Hebbadj: un musulmán que estafó al Estado casi 100.000 euros al recibir ayudas familiares para sus cuatro mujeres-.

Para otros miembros del Gobierno –sobre todo aquellos procedentes de la izquierda-, como la secretaria de Estado de Política, Fadela Amara, de origen argelino, las sanciones no deben endurecerse, y deben permanecer como hasta ahora: pérdida de la nacionalidad en caso de condena por “terrorismo” o “atentado contra la seguridad del Estado”.

Actualmente, Francia concede la nacionalidad a 100.000 personas cada año. Además, unos 300. 000 niños nacidos en este país de padres extranjeros adquieren también la nacionalidad por ius soli.